Bajo ningun concepto puede Kastro ser admitido en la O.E.A. Parte I

On Sat, 23 May 2009 13:37:48 -0400, "Juan Felipe" <...@heaven.com

Aunque todas las naciones cmplices del Kagalistroso pidan que sea aceptado
en la O.E.A.
el sistema asesino de Kuba esclava se contrapone a todos los requerimientos
establecidos
por los reglamentos de la O.E.A.
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La Cuba de Hoy y su Sistema Jurdico. Es Compatible con el Sistema
Interamericano?
Por Alberto Luzrraga

Examinaremos el tema, primero desde el punto de vista de la legislacin
castrista, a seguido en referencia a la carta Democrtica Interamericana
para terminar con una conclusin fundada.

I- Constitucin y legislacin castrista
Para responder a la pregunta que encabeza el ttulo de este informe se
requiere que comencemos hacindonos una pregunta de rigor. Existe hoy en
Cuba un cuerpo de derecho constitucional que merezca tal nombre y que
garantice los derechos ciudadanos? La respuesta es definitiva: la
constitucin de 1976, enmendada en 1992, no es un documento apto para
propiciar un cambio hacia la libertad porque no protege al ciudadano sino
que concentra poderes en el estado en forma extrema, mientras restringe al
mximo la libertad individual.
Se trata de un documento diseado para imponer un sistema unipersonal de
gobierno apoyado por un solo partido que reclama el acceso exclusivo al
discurso poltico. La constitucin de 1976 no fue el producto de una
constituyente compuesta de delegados libremente electos con libertad para
ofrecer una variedad de puntos de vista. Fue por el contrario el producto de
una comisin designada por el partido comunista. Su mandato era concentrar y
mantener el poder en las mismas manos.
La razn primordial para dictar una constitucin es defender al ciudadano
del poder absoluto del estado. Este objetivo no solo brill por su ausencia,
era en efecto un objetivo prohibido. La constitucin castrista sigui el
modelo de la estalinista de 1936. El proyecto elaborado por el partido se
pas a las "organizaciones de masas" para su "comentario." No es
sorprendente el que nada sustancial fuese cambiado. La constitucin fue
entonces aprobada por el Congreso del partido comunista y se convoc a un
referndum donde se peda un voto afirmativo o negativo. Se aprob por el
97.3% de los votantes segn datos diseminados por el gobierno de Castro. No
existan alternativas y tampoco se verific un estudio y debate del proyecto
en sesiones abiertas al pblico como se hizo en Cuba en el caso de la
constitucin de 1901 y la de 1940. El proyecto careca pues de la ms
elemental transparencia. No sabemos lo que el pueblo de Cuba hubiera
deseado. Sabemos solamente lo que quera el partido comunista, organizacin
que controlaba todos los medios de difusin e inform slo lo que le pareci
conveniente a sus objetivos.
No fue as en el pasado. Una lectura de la prensa de la poca, tanto en 1901
como en 1940, revela cuan de cerca segua el pueblo las sesiones, como se
comentaban las intervenciones de los constituyentes y cuantos artculos
constitucionales recogieron el sentir del pueblo.
Pocos extranjeros y an cubanos de la poca actual quizs sepan que tanto
Blas Roca como Juan Marinello lderes del partido comunista fueron
constituyentes en 1940, electos como parte de una coalicin con la que pact
el partido comunista, que entonces al igual que ahora, siempre ha sido
oportunista. Se saba perfectamente quienes eran y lo que propugnaban pero
no se les impidi presentar sus ideas porque al fin de cuentas el pueblo de
Cuba quera libertad y no totalitarismo y en la buena lid de las ideas se
saba tambin que seran derrotados.
As ocurri en esa poca y es por eso que el tamao inusitado del porcentaje
de aprobacin del proyecto castrista en 1976 no slo es sospechoso sino
ridculo. O merece figurar en el libro de rcords mundiales o simplemente
refleja un sistema para obtener una "unanimidad" a toda costa.
Sin embargo, no contentos con un 97% se mejor el rcord en la enmienda
constitucional de 1992 que fue aprobada por "unanimidad" por la Asamblea
Popular en el curso de una de sus usuales sesiones relmpago de tres das.
El totalitarismo se nutre de "unanimidades".
Fiel a su origen, la constitucin castrista-estalinista se dedica a
contradecirse a lo largo de su articulado. Lo que da con una mano lo quita
con la otra. El artculo 62 es revelador.
"Artculo 62.- Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede
ser ejercida contra lo establecido en la Constitucin y las leyes, ni contra
la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisin del
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infraccin de
este principio es punible."
Existe un tono de fanatismo casi religioso en sus postulados. As el
artculo 3 declara:
"Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios,
incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra
cualquiera que intente derribar el orden poltico, social y econmico
establecido por esta Constitucin. "
Quiere decir que aspirar a no vivir bajo un rgimen comunista es un delito y
se exhorta al pueblo a la violencia contra el que disienta. Y esto a nivel
constitucional.
La Cuba de Castro es extracto puro del pensamiento totalitario. Todas las
constituciones de los pases libres del mundo prevn su reforma, y la
posibilidad de que el pueblo quiera cambiar el sistema. La cubana cumple con
el requisito formal y en el artculo 137 habla de la reforma constitucional
pero se trata solo de cumplir con un aspecto esttico y propagandstico. Los
artculos 62 y 3 lo hacen letra muerta porque el resultado que exigen es el
mismo: que se mantenga el sistema a como d lugar.

Para eliminar dudas, el 27 de Junio de 2002, la Asamblea popular pas la
siguiente reforma constitucional (naturalmente por unanimidad) "Artculo
137.- Esta Constitucin slo puede ser reformada por la Asamblea Nacional
del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votacin nominal, por una
mayora no inferior a las dos terceras partes del nmero total de sus
integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema poltico, econmico y
social, cuyo carcter irrevocable lo establece el artculo 3 del Captulo I,
y la prohibicin de negociar acuerdos bajo agresin, amenaza o coercin de
una potencia extranjera."

La criminalizacin de las conductas de oposicin al rgimen por la simple
expresin de ideas diferentes es tpica de las constituciones totalitarias.
Primero se establecen los principios totalitarios y seguidamente se dictan
las leyes represivas. El Cdigo penal castrista, la ley mordaza (Ley No.88
de Proteccin de la independencia nacional y la economa de Cuba) y dems
disposiciones no surgen por mero accidente. Son parte de un engranaje
diseado para mantener el poder concentrado en pocas manos y reprimir. El
comunismo intenta primero la coaccin psicolgica y el entramado legal es
parte relevante de esa coaccin.
Es as como se crean delitos tpicos del sistema, delitos que no existen en
otros pases o que en ocasiones son distorsiones de doctrinas del derecho
penal. El antiguo Cdigo de Defensa Social contemplaba el estado de
peligrosidad y estableca la posibilidad de medidas cautelares para
narcmanos, etc. siempre con audiencia ante un juez y un procedimiento
contradictorio. Las causales eran claras y haba que probarlas. Pero
alentado por la constitucin totalitaria el legislador castrista retuerce
esos principios que se convierten en el artculo 72 del Cdigo Penal;
"Articulo 72. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que
se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que
observa en contradiccin manifiesta con las normas de la moral socialista."
Esta referencia a la moral confirma el carcter quasi teocrtico del sistema
cubano. Si dijramos que actuar en contra de la moral cristiana, budista o
musulmana es delito se nos acusara de fanticos religiosos. Y que es la
moral socialista? Un subterfugio para exigir an ms control pues obviamente
ser lo que el gobierno, sumo sacerdote de esta religin decida que sea. En
particular todo aquello que amenace directa o indirectamente al sistema sin
importar que sea pensado, hablado o actuado.
Pronunciarse en contra de esa "moral" puede pasar a ser un acto de
'propaganda enemiga', delito definido en el artculo 103 del Cdigo Penal
que sanciona al que "incite contra el orden social, la solidaridad
internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita
o en cualquier otra forma".
Esto fue a su vez remachado por la mencionada Ley Mordaza cuyo Artculo 2
reza: "Dado el carcter especial de esta Ley, su aplicacin ser preferente
a cualquier otra legislacin penal que le preceda". Establece nuevas y
seversimas sanciones slo por el hecho de expresar una opinin, e
increblemente postula la retroactividad de la ley en perjuicio del acusado
violando as un principio clsico del derecho penal.
Sanciones:
"Artculo 7.1: El que.... colabore por cualquier va con emisoras de radio o
televisin, peridicos, revistas u otros medios de difusin extranjeros,
incurre en sancin de privacin de libertad de dos a cinco aos o multa de
mil a tres mil cuotas o ambas."
"Artculo 9.1: 2. La sancin es de privacin de libertad de ocho a veinte
aos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: b) si el hecho
se realiza con nimo de lucro o mediante ddiva, remuneracin, recompensa o
promesa de cualquier ventaja o beneficio."
De hecho, la primera sancin contra un opositor es despedirlo de su puesto.
Si para subsistir recurre a la familia o amigos en el extranjero puede
contar con hasta veinte aos de sancin.
Si pensamos lgicamente vemos que estos delitos no son sino consecuencias
directas de los artculos 62 y 3 de la constitucin. A lo largo de su
articulado la constitucin castrista refleja su contradiccin inherente:
habla de libertad pero no puede darse el lujo de permitirla.
Los artculos 41 a 66 incluyen una larga lista de derechos que pasan a ser
desechados en la prctica diaria. El texto constitucional que establece
algunos de los "derechos" es particularmente irritante cuando se compara con
la realidad cotidiana como por ejemplo el artculo 43 que refirindose a la
igualdad expresa:
"[Los ciudadanos]
reciben asistencia en todas las instituciones de salud
se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y
se alojan en cualquier hotel.
son atendidos en todos los restaurantes y dems establecimientos de
servicio pblico.
disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, crculos
sociales y dems centros de cultura, deportes, recreacin y descanso."

Dado el apartheid turstico que prohbe a los cubanos frecuentar locales
asequibles slo a los turistas, la existencia del llamado turismo de salud
slo pagadero en divisas con clnicas especiales no asequibles a los
cubanos, los desalojos por vivir en ciudad prohibida, y otra interminable
lista de abusos, este artculo pasa a ser una burla diaria a la dignidad del
pueblo cubano.
Bajo la constitucin actual la defensa del ciudadano ante el poder pblico
es problema de imposible solucin dado el monopolio que la constitucin
confiere al estado para solventar una serie de necesidades sociales tales
como la educacin, el acceso a los medios de comunicacin y la gestin
laboral y sindical y las posibilidades de intimidacin que dicho monopolio
implica. nase a ello sistema judicial diseado para servir de instrumento
al ejecutivo (ver infra) y la situacin queda encuadrada.
Un buen ejemplo es el artculo 53 que "reconoce a los ciudadanos libertad de
palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista." O sea:
tiene usted derecho a estar de acuerdo con el status quo.
Existe sin embargo cierto rescoldo de mala conciencia y por ello a
continuacin se intenta una explicacin:
"Las condiciones materiales para su ejercicio estn dadas por el hecho de
que la prensa, la radio, la televisin, el cine y otros medios de difusin
masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningn
caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del
pueblo trabajador y del inters de la sociedad. La ley regula el ejercicio
de estas libertades."
La falacia que se intenta presentar es la siguiente: Como los medios de
comunicacin son del estado y el estado es el pueblo, entonces obviamente
son del ciudadano y no pueden pertenecer a nadie ms. El ciudadano puede
acceder a ellos cuando quiera, excepto que la "ley" le dir cmo se ejerce
ese derecho. El hecho de que las leyes se dicten por un consejo de estado y
un parlamento en un sistema unipartidista habla por s slo.
Continuemos con los monopolios. La educacin es uno de los ms ofensivos
puesto que el estado se apropia de ella para sus propios fines y procede a
dictar no slo el programa educativo sino a prohibir cualquier otra
educacin contraria a su objetivo. El artculo 39de la constitucin
castrista incisos a) y c) establece que los estudiantes deben de ser
formados de acuerdo con el ideario marxista al establecer que es deber del
estado "promover..la formacin comunista de las nuevas generaciones y la
preparacin de los nios, jvenes y adultos para la vida social."
De nuevo causa y efecto. El Cdigo de la Niez y la Juventud en su artculo
1 explica su propsito: formar una personalidad comunista y alega que es
preciso regular los diferentes aspectos de la vida de la nueva generacin,
sus deberes y sus derechos. No es de extraar que ms adelante (Art. 23)
hable de la actitud poltica como criterio de acceso a la enseanza superior
y que el Art. 26 requiera una actitud "integralmente correcta." Y para
colofn existe el horrible instrumento de presin llamado 'expediente
acumulativo' que acompaa al estudiante durante toda su carrera escolar
registrando no slo sus calificaciones sino sus "actitudes polticas" y por
analoga las de su familia.
El monopolio educativo diseado para formar una personalidad comunista como
objetivo es uno de los abusos ms flagrantes. La educacin de los hijos es
un derecho natural de los padres reconocido por todas las legislaciones y
constituciones civilizadas. Negarlo es retroceder y convertir al nio en
objeto, en un bien de uso. Slo por eso merece el gobierno de Castro la
condenacin de todos los hombres de bien.
La Declaracin de los Derechos Humanos lo dice bien claro en su artculo 26
"los padres tendrn derecho preferente a escoger el tipo de educacin que
habr de darse a sus hijos."
Tanta es la preocupacin del estado con mantener su monopolio que inventa un
delito peculiar, el de "abuso de la libertad de cultos " que define en el
Art. 206 del Cdigo Penal as: "El que, abusando de la libertad de cultos
garantizada por la Constitucin, oponga la creencia religiosa a los
objetivos de la educacin."
Para no ser omisos y mantener su sistema marxista y hegeliano de
contradiccin sistemtica la ley viola el artculo 8 de la constitucin que
dice: "El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa".
El pueblo cubano ha perdido as hasta los ms sagrados derechos hasta
aquellos que pertenecen a la intimidad familiar al hogar, al derecho de
pasar opiniones y tradiciones a los hijos. La enormidad del desafuero
jurdico es abrumadora.
(Termina en Parte II)